CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO.

La Procuraduría de la Familia es un órgano del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que tiene por objeto la asistencia, la protección, la defensa, la asesoría, y la orientación jurídica gratuita a menores en situación extraordinaria, así como de la familia.

De manera general, las Procuradurías están conformadas por tres áreas estratégicas: jurídica, de psicología y de trabajo social, que se complementan entre sí; estas áreas especializadas brindan atención integral a las problemáticas jurídico-familiares de las personas que acuden a solicitar sus servicios.

Para el cumplimiento de sus objetivos, las Procuradurías coordinan acciones con instituciones de asistencia social pública y privada, conformando una red que permite ofrecer servicios con calidad y calidez a quien lo necesita.

Entre los albergues que funcionan en coordinación con el DIF y la Procuraduría de la Familia se encuentra Joyas del Rey, que a través del siguiente video se podrá conocer más de cerca.

Las Procuraduría ofrece atención y asistencia en los siguientes casos:
• Adopciones;
• Maltrato infantil;
• Violencia Familiar;
• Búsqueda de Menores;
• Menores infractores.

En el último de los casos, la Procuraduría es la encargada de atender y canalizar a los menores de 12 años a quienes se les impute la comisión de una conducta tipificada por las leyes penales como delito, siendo sujetos a rehabilitación y asistencia social por encontrarse en situación extraordinaria.

Por tanto, un niño o adolescente infractor menor de 12 años, no podrá ser privado de su libertad siempre que se encuentre en una situación especialmente difícil, es decir, en estado de abondo o peligro, o cuando sean objeto de omisión de cuidados y maltrato. Por lo que el DIF, a través de la Procuraduría, recoge a esos menores infractores y los canaliza a casas hogar o albergues donde los menores reciben atención psicológica y afectiva, más no la aplicación de una medida retributiva que busque un acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas provocadas, a fin de lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de reparación, restitución y servicio a la comunidad. De tal suerte, que la mayoría de las victimas reclamen el encarcelamiento de estos menores.